Varias noticias impactaron dramáticamente esta semana a Bucaramanga, por un lado, las preocupantes cifras de restaurantes y locales tradicionales que vienen cerrando; así como las solitarias imágenes vistas de los centros comerciales sin compradores. Ni que decir, además, de la visibilización de la pobreza oculta en los sectores de la clase media, lo cual ha impactado sensiblemente la percepción a nivel nacional, evidenciándose el deterioro de la calidad de vida de gran parte de las y los colombianos.

Lo anterior se ha acelerado por cuenta del coronavirus, sin embargo, las causas ya venían de tiempo atrás en la ciudad, y en todo el país. Factores como los altos costos de los arrendamientos que han hecho surgir una clase rentista en detrimento de la producción, así como la falta de una verdadera regulación nacional, sumado a la la insensibilidad de algunas inmobiliarias y propietarios, esta conllevado a aumentar esta crisis. Así mismo, la destrucción de miles de fuentes de empleo por haberle apostado a las importaciones sin fortalecer lo local, ha creado una débil industria que no estaba preparada para estos nuevos tiempos; estas consecuencias no son solo por cuenta del Covid-19, sino, además, como resultado de la nefasta política económica y social establecida durante décadas en Colombia.

Así mismo, la pobreza oculta comienza a aparecer en la clase media impactado fuertemente a toda Colombia (Bucaramanga tiene un 60% de su población en este segmento) sumándose a la pobreza estructural del país, y evidenciando la gravedad del tiempo que vivimos actualmente. Además, vastos segmentos de la sociedad seriamente afectados como los vendedores informales, trabajadores independientes, profesionales prestadores de servicios, entre otros; muestran que la política social y económica mediante la focalización de recursos son un rotundo fracaso que debe desaparecer en Colombia, así como la horrorosa estratificación que nos ha asemejado a las castas de la India.

La pregunta sería entonces sobre que se debe hacer ante este terrible panorama, el cual proyecta una crisis social y económica en todos los sectores de la sociedad colombiana, y donde estimaciones de la investigadora Liliana Castilleja-Vargas, del BID, pronostican, por ejemplo, que en Colombia 1.8 millones de personas que estaban en la clase media bajaran a la categoría de pobreza, es decir tan solo Bucaramanga tendra cerca de 40.000 nuevos pobres. Esto agravado con la paquidermica acción del estado nacional que ha dejado todo en manos de los gobiernos locales, quienes han intentado hacer su mejor papel sin herramientas reales.

Ante esto será necesario el fortalecimiento y la unión de todos los sectores sociales y económicos de la ciudad, siendo urgente la formación y dinamización de redes de solidaridad locales, como la creada en la comuna 12 de Bucaramanga, que prioricen la seguridad alimentaria de sus habitantes en cada territorio, barrio y comuna, pero que, además, comience a formular y hacer estrategias de reactivación socioeconómica con sus sistemas económicos locales dentro de lo posible.

Esto demandará integrar a productores y consumidores desde la misma solidaridad mediante formas asociativas y cooperativas, pero además, será imprescindible la incorporación de los productores de la agricultura familiar que habitan en el periurbano de las ciudades, sumado al establecimiento de mecanismos reales como la creación de monedas sociales ante la escasez de dinero circulante, y la articulación con la acción estatal. Mientras tanto será básico mantener la presión al gobierno nacional en cuanto al establecimiento de una renta básica para cerca de 15 millones de colombianos, tal como lo hizo España, que entienda la urgencia y crisis que estamos viviendo en estos momentos.

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