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Pensemos por un momento que Uruguay tiene 3,4 millones de habitantes y más de 10 millones de vacas, es decir casi 3 animales por cada persona, y que al comparar esto con tan solo el Departamento de Santander en Colombia, el cual tiene más de 2 millones de habitantes, no es mucha la diferencia poblacional entre los dos lugares, salvo que nuestro país completo tiene 31 territorios y 50 millones de colombianos.
Con base en ese estimado poblacional, también se sabe que con la legalización de la marihuana en Uruguay se recibieron en el 2018 cerca de 22 millones de dólares en impuestos para el fisco de dicho país, ingresos que les fueron arrebatados al narcotráfico, lo cual no es menor. Si este fuera el caso en Colombia estaríamos hablando que al año hubiésemos tenido 317 millones de dólares en impuestos, es decir casi un billón de pesos disponibles para inversión social que podrían haber ido para los sectores marginados de Colombia, así como para la prevención del consumo de estas sustancias en nuestra sociedad.
Lo anterior va en vía de hablar con cierta franqueza de algo que se ha perdido, y es la guerra contra las drogas. Lo cual no solo ha generado los problemas que ya sabemos, sino además la exclusión y señalización de sectores en Colombia que precariamente “sobreviven” gracias a esto, y donde cientos de territorios campesinos siguen siendo arrasados por la violencia, la contaminación ambiental (más ahora que se quiere imponer el glifosato), entre otros; y con el evidente fracaso de todo programa socioeconómico que ha llevado el estado colombiano para la sustitución de cultivos, eso sin contar que la mayoría de víctimas de la violencia generada se encuentra ubicada en estos territorios.
Es por ello que se debe entender lo que sucede en estos territorios productores de cultivos ilícitos, donde sus economías están arrasadas y fracasadas por las políticas agrarias en Colombia, y a la cual se suma la bonanza económica de Estados Unidos como principal demandante de la droga llevando a subir sus precios, esta actividad es el único sustento “sostenible” para miles de campesinos, evidenciándose así el fracaso de una guerra contra las drogas que lleva décadas completas, y que solo se mitigaría reinvirtiendo su concepción; quizás sea el momento de seguir los pasos de Uruguay.
Estos territorios marginados y productores de cultivos ilícitos necesitan verdaderos ingresos que por lo menos den una certeza en sus vidas, y la legalización de algunas drogas bajo una regulación estricta por parte del estado colombiano puede dar ingresos a las economías de estas alicaídas regiones, además de proveer recursos para la prevención del consumo en nuestro país. Basta mirar la película de Al capone para entender lo que estamos hablando cuando el mismo debate se hacía alrededor del alcohol nada menos que en Estados Unidos; mientras tanto seguimos siendo cómplices de la desigualdad que se sigue generando en las regiones periféricas y campesinas, con las consecuencias de seguir retroalimentando la violencia que cada vez se dispara y llega a nuestras ciudades.
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