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Por estos días ronda la indignación nacional de una gran parte de la sociedad colombiana, esto ante la sanción económica que impuso la Policía Nacional a un grupo de jóvenes por comprar alimentos en la calle a una vendedora ambulante, es decir por hacer parte de la llamada economía popular, donde el despliegue de cámaras y el show aleccionador, debía servir para enviar un mensaje a la sociedad en su conjunto. Esto no es extraño, ya que ha hace unos días en Argentina el popular alimento que se consume fuera de las canchas de futbol, y es vendido a las afueras de los estadios por trabajadores de la economía popular, como lo es el choripán, fue prohibido bajo argumentos parecidos.
Sin embargo el mensaje que ha enviado el nuevo código de policía en Colombia, construido por diferentes legisladores, es que más del 48,2 %, es decir cerca de 10,8 millones de personas son delincuentes por estar en la llamada “informalidad”, y más aún, ese porcentaje aumentaría teniendo en cuenta que los compradores estarían “formalizados” al tener ingresos y contribuir con la economía popular. Sin duda un mensaje deplorable que debe ser rechazado.
Pero más allá de esta justa indignación, se debe entender la estructura económica que nos rige como sociedades Latinoamericanas apartados de los tecnicismos de expertos que no atinan a nada; al respecto Laville afirma que la economía tiene tres sectores igual de valiosos: la economía publica que busca tener poder y legitimidad; la economía privada que busca tener ganancias; y la economía popular que busca la reproducción de la vida ante la exclusión de estas dos primeras. Esta última es la que ha permitido el sustento de millones de colombianos y sus generaciones, desde las migraciones campo - ciudad de los años 70 del pasado siglo, lo cual está presente en la memoria y sentir de muchas generaciones.
La economía popular tiene todo un desarrollo teórico sustentando, en el cual puede haber comportamientos solidarios y otros no; sin embargo, tiene un aporte a la unidad domestica que hace posible la reproducción de la vida, y que al limitarla estará condenando a millones de personas a la muerte. Por ello la sociedad colombiana en conjunto debe rechazar este tipo de “adoctrinamiento social” impuesto, el cual se repite no solo en Colombia, sino en toda Sudamérica bajo la satanización de este tipo de economía, y argumentos que no tienen legitimidad ni validación social. Si fuese así, generaciones enteras hoy no estarían vivas.
El camino es otro reconociendo la economía popular y haciendo de esta algo realmente social y solidario, un ejemplo de ello está en Ecuador donde constitucionalmente está definida como ADN de la sociedad, ya que estas 10 millones de personas no son delincuentes, y esto compete a todos: legisladores, gobernaciones, municipios, universidades, y sociedad en conjunto abordar y proponer en este tema, así mismo a los trabajadores de la economía popular solo les queda un camino: la organización y la resistencia por el derecho al trabajo y la vida digna. No es menor esto en una sociedad que debe importarle el principio ético del derecho a la vida, y condenar cualquier comportamiento que lleve a la muerte.
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