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En el libro “Las dinámicas de las desigualdades en Colombia”, escrito por los autores Luis Jorge Garay y Jorge Espitia, se resalta que 10 grandes conglomerados económicos de Colombia concentran el 94% de ingresos, y por el otro lado el restante 6% lo disputan cientos de miles de empresas. Más allá de lo polémico, esto va en línea de lo que ha señalado Thomas Piketty al hacer referencia a la concentración de la riqueza a nivel mundial, cuestión que también se daría si analizáramos otros elementos, tales como: el acceso a la tierra, a la educación pública y gratuita, entre otros.
En esta línea también va el consumo de las clases medias y bajas de Colombia, tal como se encontró en el estudio de “Hábitos de consumo generados por la llegada de los supermercados de bajo costo a Bucaramanga y su área metropolitana”, del programa académico profesional en Mercadeo y Publicidad de la Universidad de Santander, en cual demostró que el 60% de los hogares de Bucaramanga y su área metropolitana prefieren comprar en supermercados de bajo costo, es decir los populares D1, Justo y Bueno, entre otros; pertenecientes precisamente a unas pocas familias y grupos económicos concentrados en Colombia.
Esto debe poner la alerta a los ciudadanos, como también a gobernadores y alcaldes de municipios entrantes, al ver como las economías locales y regionales se deterioran quedando en unas pocas manos apoyados por una reforma tributaria, que acaba de pasar en el congreso con descarada complicidad de algunos congresistas “sinvergüenzas”, ampliando las exenciones fiscales a estos grupos concentrados. Casos como el impacto en las tradicionales tiendas de Colombia y sus constantes cierres, o el testimonio de un pequeño empresario que resumía su situación en la siguiente forma: “tengo una pequeña empresa, nos toca financiar los trabajos con el 100% de nuestros recursos, a cambio de poder trabajar y para colmo de pesares nos pagan a 6 meses, trabajamos con matrices de precios, los precios son muy ajustados, pero las grandes empresas se llevan las ganancias”.
Esta concentración de la riqueza es un mal que va en contra del famoso postulado, que repiten algunos como un mantra, de lo bueno que es la “libre competencia” la cual en Colombia se reproduce a través de oligopolios y extensiones fiscales, logrando generar cada vez más desigualdad social, destruir la innovación, secuestrar la democracia y propiciar la corrupción. Además de ser una de las causas que explican el aumento galopante del desempleo, el cual ha fluctuado en los dos peligrosos dígitos.
La pregunta sería: ¿Que se debe hacer? Las pistas pueden estar para nuestros “genios” de la política económica y social, en fomentar políticas públicas para ese 6%, diferenciando los pequeños y medianos empresarios, revalorizando las economías locales y populares, los emprendimientos sociales y cooperativos; y teniendo en cuenta que todos los aspectos socioeconómicos, los cuales van desde la producción, distribución, comercialización y consumo, son necesarios abordarlos buscando un equilibrio que genere justicia social, cuestiones que al gobierno nacional, a pesar de los paros realizados, pareciera no querer impórtale. Sin embargo, queda claro el reto para los gobernantes entrantes de asumir con sus mandatos un rol preponderante que reduzca estas desigualdades tan peligrosas, las cuales afectan a la sociedad en general generando una debacle que alimenta la violencia, y la decepción en los colombianos. . OTRAS COLUMNAS |
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