La pandemia del Covid- 19 está llevando al colapso a toda la economía nacional, algo que ningún analista pudo predecir. Pero esta afectación no es igual para todos, ya que algunos sectores poblacionales han resultado más golpeados que otros, entre ellos están los hogares colombianos que se mueven en la denominada “economía popular”, y a la cual pertenece gran parte del país. Su subsistencia hoy en día corre riesgo, donde al depender del “día a día”, como también de estructuras de proximidad previamente establecidas entre familias y vecinos, viven en una incertidumbre que les hace temer lo peor.
Pero para entender un poco mejor a estos hogares debemos analizar su estructura, la cual está basada en la denominada “unidad doméstica” como elemento principal dentro de la economía popular, y que han descrito investigadores como Ricardo Diéguez y José Coraggio, señalando que a través de estas poseen fuentes de recursos e ingresos que permiten la reproducción social de sus integrantes, y está determinada por diferentes factores.
Uno de ellos es el trabajo doméstico el cual no se incluye en las cuentas nacionales; también están los bienes públicos, es decir, transferencias y subsidios, seguridad jurídica universal y servicios de la economía estatal, tales como la universidad o el servicio hospitalario. Un tercero es la producción de autoconsumo, por ejemplo, auto-cultivos que no son mercancías. Un cuarto son los intercambios no mercantiles. Y finalmente, complementando otros ingresos, está el salario que reciben algunos miembros de las unidades domésticas, y que se relacionan principalmente con las esferas de la economía pública estatal y la empresarial.
Esta composición de la unidad domestica está determinada por factores distintos respecto de la economía convencional, pero, además, es también el eje que permite el desarrollo de la economía social y solidaria, donde gran parte de sus integrantes basan su sobrevivencia en esta estructura, y la cual se encuentra actualmente en riesgo por las causas que ya todos sabemos.
Es vital que todas las organizaciones que componen la economía popular, social y solidaria pongan su voz de alerta, exigiendo al gobierno colombiano medidas reales que protejan estas unidades domésticas. Una propuesta podría estar en que las transferencias monetarias no lleguen a un sector minúsculo y focalizado del país, sino que se universalicen y se extiendan a cerca de 20 millones de colombianos, los cuales tienen en riesgo la reproducción de sus vidas. Esto es urgente.
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